INDICADORES ECONÓMICOS TRM

25/07/2024

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Precios de Referencia FFP - 1/2023

$ 3.573

Indicadores Precios de Referencia FEP - 06/2024

IPML $3.697.754 - IPME $3.616.187

Precio de referencia FFP – 12/2023:

Precio de referencia del aceite de palma crudo para el cálculo de la cuota del Fondo de Fomento Palmero de acuerdo con la Resolución 0536 del 29 de diciembre expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Indicadores precios de referencia FEP – 06/2024

  1. IPML: Indicador precio paridad de importación de referencia para el aceite de palma crudo en el mercado local del mes de junio de 2024. (Resolución FEP 259/ 2024)
  2. IPME: Indicador precio paridad de exportación de referencia para el aceite de palma crudo en el mercado de exportación (Zona Centro – Mercado Europa) del mes de junio 2024. (Resolución FEP 259/ 2024)

Gobierno insiste en poner freno a subsidios al agro

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Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dice que el 70 % de esos recursos se desperdicia

Fuente: El tiempo

Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, dice que el 70 % de esos recursos se desperdicia

Este martes, durante el lanzamiento de la segunda etapa del Tercer Censo Nacional Agropecuario, en Medellín, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, insistió en la necesidad de modificar la entrega de subsidios directos a la producción del sector agropecuario.

Para el funcionario, esa decisión se hace necesaria en la medida en que la efectividad de esas ayudas frente al incremento de la producción y la productividad es nula, por lo que, más bien, esos recursos deberían convertirse en bienes públicos como distritos de riego y drenajes, así como en vías terciarias, en tecnología e información para el agro.

Previamente, el funcionario recalcó en Cali (Valle) los mismos planteamientos que hizo en los congresos gremiales de Fedepalma y de Procaña, en lo cuales destacó que el Gobierno ha entregado mucho dinero en subsidios, pero estos no se reflejan en mejor calidad de las cosechas, más producción o mayor productividad.

Lizarralde ha dicho en reiteradas ocasiones que, desde el 2010, el Gobierno ha entregado siete billones de pesos en subsidios al sector agropecuario, cuyo impacto no se ha notado. “No seguiremos dando nuevos subsidios a situaciones que no mejoren la calidad o la productividad en el campo. Los que ya estaban planteados hay que respetarlos y nosotros los avalamos y acompañamos”, enfatizó Lizarralde.

De acuerdo con las cifras del Gobierno, Colombia es el país de Latinoamérica que más subsidios entrega al campo: del 100 por ciento de las contribuciones, el 92 por ciento son subsidios y el 8 por ciento quedan para bienes públicos.

Recalcó que con base en los análisis realizados por funcionarios de su Cartera, un 70 por ciento de esos recursos se han desperdiciado. “El interés es tener un equilibrio en la inversión entre bienes públicos y subsidios 50 %-50 % y no 92 %-8 % como es hoy”, señaló.

Agregó que “los subsidios que no agregan valor no sirven y lamentablemente la mayoría no producen nada, y terminan quitándoles recursos a otros sectores”.

Ahora, el tema ya tiene el apoyo de varios voceros de los gremios de la producción del sector agropecuario y de la academia.

Por ejemplo, Jens Mesa, presidente de Fedepalma, y Álvaro Balcázar, exdirector de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, coincidieron en el llamado a que se disminuyan, pues solo atienden temas coyunturales.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, dijo que es adecuado el debate sobre los subsidios directos, que deben encaminarse a la construcción de bienes públicos.

Por parte de los empresarios, la vocero de la Cámara de Alimentos de la Andi, Carolina Lorduy, comentó en su momento que los subsidios al agro están mal enfocados y deben enfocarse en los bienes públicos.

Competencia, en condiciones de mercado

La presidenta de la Asociación Colombia de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Ángela Montoya, señala que la nueva oferta de energía, por parte del sector industrial, debe darse en condiciones de mercado y con pautas claras a todos los agentes, establecidas por las autoridades.

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